Este jueves, Dorothy Pérez asumió oficialmente el cargo de Contralora General de la República, tras haber desempeñado funciones como contralora subrogante durante los últimos diez meses. En su intervención, destacó una serie de reformas que impulsará en su gestión, que se extenderá por los próximos ocho años, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia del organismo. Ante esto, entre los principales anuncios, Pérez hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la fiscalización de los recursos públicos mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y un sistema de reportes consolidados, lo que permitirá incrementar la cantidad de revisiones y auditorías realizadas. Además, subrayó su compromiso por entregar resultados más oportunos y ajustados a las expectativas de los ciudadanos. Asimismo, en un ámbito más jurídico, la nueva contralora destacó la implementación de una revisión previa de admisibilidad para los reclamos, con el fin de optimizar los tiempos y recursos en la atención de consultas, y aseguró que reducirá los plazos de respuesta, garantizando el cumplimiento de la ley de plazos administrativos. Sin embargo, su nombramiento no ha estado exento de críticas. Su pronunciamiento sobre laconfianza legítima en los funcionarios a contrata del sector público ha generado preocupación entre algunos sindicatos, como la Anef y la CUT, que consideran que la medida limita la flexibilidad para el despido de empleados. Pérez también aprovechó la ocasión para agradecer a los funcionarios de la Contraloría, comprometiéndose a trabajar de la mano con ellos y a escuchar sus sugerencias e ideas para mejorar el funcionamiento interno. “Quiero ser humilde y estar abierta a recibir todos los consejos y apoyos bien intencionados de cada funcionario”, expresó. Con estas medidas, Pérez busca impulsar un proceso de modernización dentro del organismo, consolidando una Contraloría más eficiente, transparente y comprometida con la rendición de cuentas.
En Chile, la crisis de seguridad lidera los problemas aumentando sin límite los hechos delictuales con armas de fuego no inscritas, siendo uno de los puntos más preocupantes. Ante esto, La Contraloría General de la República detectó ciertas irregularidades en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), ya que según una auditoria 61 médicos psiquiatras remitieron certificados para tramitar armas a 1280 personas, pese a que no estaban registrados en la Superintendencia de Salud. Dado lo anterior, la ministra de Defensa, Maya Fernández señaló quecuando ingresó nuestro gobierno se tenían antecedentes de algunas falencias, con lo cual ya se estaban tomando medidas. Hay un nuevo reglamento de control de la Ley de Control de Armas, que es de diciembre del 2023. Existe un plan anual de fiscalización. Asimismo, respecto a los certificados la ministra detalló queson casos que vienen del 2011 al 2023. Así también, se evidenció que existen 30 personas que se encontraban inscritas en el registro de condenas y no fueron deshabilitadas para efectuar trámites en el sistema. Ahora bien, el director del Club de Tiro de La Reina, Alejandro Rocafort se refirió a que no se debe mezclar la trazabilidad de las armas legales con armas ilegales y manifestó queestá bien controlar, super bien, pero otra cosa total y absolutamente desvinculada a eso, son las personas que delinquen y que tienen armas ilegales, las cuales no hacen el certificado psiquiátrico, no inscriben, no dan su dirección.
Este jueves, Dorothy Pérez asumió oficialmente el cargo de Contralora General de la República, tras haber desempeñado funciones como contralora subrogante durante los últimos diez meses. En su intervención, destacó una serie de reformas que impulsará en su gestión, que se extenderá por los próximos ocho años, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia del organismo. Ante esto, entre los principales anuncios, Pérez hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la fiscalización de los recursos públicos mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y un sistema de reportes consolidados, lo que permitirá incrementar la cantidad de revisiones y auditorías realizadas. Además, subrayó su compromiso por entregar resultados más oportunos y ajustados a las expectativas de los ciudadanos. Asimismo, en un ámbito más jurídico, la nueva contralora destacó la implementación de una revisión previa de admisibilidad para los reclamos, con el fin de optimizar los tiempos y recursos en la atención de consultas, y aseguró que reducirá los plazos de respuesta, garantizando el cumplimiento de la ley de plazos administrativos. Sin embargo, su nombramiento no ha estado exento de críticas. Su pronunciamiento sobre laconfianza legítima en los funcionarios a contrata del sector público ha generado preocupación entre algunos sindicatos, como la Anef y la CUT, que consideran que la medida limita la flexibilidad para el despido de empleados. Pérez también aprovechó la ocasión para agradecer a los funcionarios de la Contraloría, comprometiéndose a trabajar de la mano con ellos y a escuchar sus sugerencias e ideas para mejorar el funcionamiento interno. “Quiero ser humilde y estar abierta a recibir todos los consejos y apoyos bien intencionados de cada funcionario”, expresó. Con estas medidas, Pérez busca impulsar un proceso de modernización dentro del organismo, consolidando una Contraloría más eficiente, transparente y comprometida con la rendición de cuentas.
En Chile, la crisis de seguridad lidera los problemas aumentando sin límite los hechos delictuales con armas de fuego no inscritas, siendo uno de los puntos más preocupantes. Ante esto, La Contraloría General de la República detectó ciertas irregularidades en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), ya que según una auditoria 61 médicos psiquiatras remitieron certificados para tramitar armas a 1280 personas, pese a que no estaban registrados en la Superintendencia de Salud. Dado lo anterior, la ministra de Defensa, Maya Fernández señaló quecuando ingresó nuestro gobierno se tenían antecedentes de algunas falencias, con lo cual ya se estaban tomando medidas. Hay un nuevo reglamento de control de la Ley de Control de Armas, que es de diciembre del 2023. Existe un plan anual de fiscalización. Asimismo, respecto a los certificados la ministra detalló queson casos que vienen del 2011 al 2023. Así también, se evidenció que existen 30 personas que se encontraban inscritas en el registro de condenas y no fueron deshabilitadas para efectuar trámites en el sistema. Ahora bien, el director del Club de Tiro de La Reina, Alejandro Rocafort se refirió a que no se debe mezclar la trazabilidad de las armas legales con armas ilegales y manifestó queestá bien controlar, super bien, pero otra cosa total y absolutamente desvinculada a eso, son las personas que delinquen y que tienen armas ilegales, las cuales no hacen el certificado psiquiátrico, no inscriben, no dan su dirección.
